En 1984, José Martínez de Hoz, arquitecto del programa económico de la dictadura, fue arrestado bajo la acusación de fraude por una cuantiosísima subvención estatal concedida a una de las empresas de las que era presidente (aunque el caso sería sobreseído con posterioridad). El Banco Mundial, por su parte, investigó lo que había sucedido con 35.000 millones de dólares que la Junta había pedido prestados en el extranjero y descubrió que 19.000 millones (un 54% del total) habían sido transferidos fuera de las fronteras argentinas. Las autoridades suizas han confirmado que gran parte de ese dinero fue a parar a cuentas numeradas. La Reserva Federal estadounidense señaló que, sólo en 1980, la deuda Argentina se amplió en 9.000 millones de dólares. Larry Sjaastad, un afamado profesor de la Universidad de Chicago que dio clase a muchos de los Chicago Boys de Argentina, ha descrito esos miles de millones de dólares perdidos (robados ante las mismísimas narices de sus alumnos) como "el mayor fraude del siglo XX".
Los desfalcadores de la Junta llegaron incluso a reclutar los "servicios" de sus víctimas para esos delitos. En el centro de tortura de la ESMA en Buenos Aires, los prisioneros con buen dominio de idiomas o con titulación universitaria eran habitualmente sacados de sus celdas para que realizaran tareas administrativas para sus captores. Una superviviente, Graciela Daleo, recibió la orden de escribir a máquina un documento en el que se asesoraba a las autoridades y altos funcionarios el país sobre posibles paraísos fiscales en el extranjero para el dinero que estaban defraudando.
La deuda nacional restante había sido gastada, sobre todo, en el pago de los intereses y en turbias operaciones de reflote de algunas empresas privadas. En 1982, poco antes de la caída de la dictadura argentina, la Junta le hizo un último favor al sector empresarial. Domingo Cavallo, presidente del banco central de Argentina, anunció que el Estado asumiría las deudas de grandes empresas multinacionales y nacionales que -de un modo análogo a lo que les había sucedido a los "pirañas" chilenos en su momento- se hallaban al borde de la quiebra por la enorme cuantía de los préstamos que habían suscrito. Para las compañías afectadas, aquel ventajoso acuerdo significó continuar siendo dueñas de sus activos y sus beneficios, mientras el erario público se hacía cargo de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en deudas contraídas por aquéllas. Entre las empresas que recibieron tan generoso trato se encontraban Ford Motor Argentina, Chase Manhattan, Citibank, IBM y Mercedes-Benz.
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