Como en Irak, el gobierno volvió a cumplir el rol de cajero automático equipado para retiradas y depósitos. Las corporaciones retiraron fondos mediante masivos contratos, liquidando luego al gobierno ese dinero no con un trabajo fidedigno sino con contribuciones a las campañas o con leales subordinados controlados en las campañas electorales. (Según el New York Times "los más altos contratistas de servicios han gastado cerca de 300 millones de dólares desde el año 2000 en su ejercicio de presión política y han donado 23 millones de dólares a las campañas políticas").
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